Una de las primeras medidas del felipismo fue la expropiación ilegal de Rumasa, la madre de todas las corrupciones, para consumar la cual tuvo necesidad de corromper también al Tribunal Constitucional: primera y gravísima estocada a la democracia por parte de los enterradores de Montesquieu. Y según la ola de corrupción crecía y salía a la luz gracias al periodismo de investigación –hoy casi inexistente–, el felipismo intentó de nuevo poner la justicia al servicio del delito mediante una ley anti-difamación, que habría blindado a los ladrones, permitiéndoles además acusar ante el juez a quienes los denunciasen. Era un paso crucial para hundir la joven democracia española al nivel del PRI mejicano. Por suerte la resistencia social, promovida por unos cuantos periódicos y periodistas demócratas –no por la mayoría, ni mucho menos, tampoco por el PP, que iba a remolque– impidió la fechoría.
Como es natural, las maniobras de colaboración del Gobierno actual con el terrorismo han requerido el ataque a sus víctimas más directas, representadas mayoritariamente en la AVT. El "diálogo" con los pistoleros exigía de entrada el silenciamiento de sus víctimas, y a ello se aplicó Peces Barba, el turbio intelectual prestigioso de la situación, el amigo del héroe de Paracuellos ("los buenos") y enemigo de la libertad de expresión en la universidad. No lograron domar a la AVT, e intentan ahora otro manejo: una de esas asociaciones liberticidas, terminales del partido de los cien años de honradez, ha puesto al presidente de la AVT una denuncia intimidatoria, absolutamente anticonstitucional y tan proterrorista como todo el llamado "proceso de paz", al que el Gobierno no ha renunciado, desde luego.
Lo grave del caso es que algunos magistrados, cabe suponer que del grupo de jueces contra la democracia o similar, han aceptado la denuncia, asombrosa en un país democrático: mediante hechos consumados, esta gente intenta de nuevo avanzar hacia su modelo PRI, poner la justicia al servicio del delito.
El sentido del desmán salta clamorosamente a la vista, y cualquier demócrata tendría que estar denunciándolo a voces desde el momento en que se produjo. Pero el PP ha expresado por anticipado su "respeto" a una decisión judicial de entrada contraria a los usos más elementales de la democracia.
Cuando, hace unos años, comenzó el proceso de hostigamiento a la AVT, contrapartida natural de la colaboración política y más que política con la ETA (recuérdese el famoso chivatazo), elaboré una pequeña denuncia de la situación, que permanece actual.
